AGENCIA JM

OAXACA.-

Comerciantes fijos, semifijos y del mercado “20 de Noviembre” que se ubi­can en la zona del centro histórico de la capital oaxaqueña, encararon la maña­na de ayer a un grupo de indígenas des­plazados de la zona triqui, y los llama­ron a retirar el bloqueo que mantienen en las calles, porque afectan sus ventas.

Los manifestantes mantienen ce­rrada la calle de Ricardo Flores Magón, con un mecate e impiden el paso de tu­ristas, y vehículos por el lugar.

El diálogo entre comerciantes y triquis fue imposible, ante la intransi­gencia del grupo que se mantiene en la protesta y que se negó a retirarla.

Los triquis desplazados liderados por Lorena Merino, acusaron a los co­merciantes de ser enviados por el go­bierno, también arremetieron en redes sociales contra los comunicadores que difundieron la nota.

Los locatarios aseguraron que son afectados con este tipo de protestas, ya que evitan que las personas lleguen a sus puntos de venta, lo que representa no recibir ingresos.

Este problema se ha agudizado, porque a un costado del mercado “Be­nito Juárez”, se están llevando a cabo obras de drenaje, por lo que la calle de Las Casas se ha cerrado.

Por ello solicitaron que se reabra la vialidad para que se agilice el paso de vehículos y la actividad comercial de la zona no se vea afectada.

Después de una larga discusión en donde las mujeres triquis se dijeron víc­timas de represión, los comerciantes se retiraron a sus negocios, y demandarán a las autoridades su intervención para llegar a una solución al problema que se ocasiona al comercio.

QUEJA CONTRA UN LÍDER TRI­QUI

En tanto otro grupo de mujeres in­dígenas desplazadas de San Juan Co­pala, acusaron a su líder de autobenefi­ciarse de la tragedia de las víctimas de desplazamiento por violencia.

Señalaron que su líder y represen­tante Braulio Hernández Hernández, usó para su beneficio personal el finan­ciamiento gubernamental entregado con las medidas cautelares dictadas a favor de las víctimas de desplazamien­to, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mariana Flores López dijo que las 24 familias instaladas en un albergue, localizado en la colonia Volcanes, nom­braron hace uno años a Braulio Her­nández como su representante, para dar seguimiento a las reuniones de aplicación de las medidas cautelares MC-197-10 concedidas por el organis­mo internacional, ante los gobiernos federal y estatal.

Sin embargo, subrayó que su repre­sentante ha defraudado a las familias porque desde el 2016, no ha entrega­do ninguno de los apoyos económicos otorgados por el Estado mexicano, por su calidad de desplazadas, a pesar de conocer las necesidades existentes en el albergue.

“Adultos y niños sufren muchas ca­rencias”, señaló.

Según la queja, Braulio Hernández recibe un millón 500 mil pesos por año de parte del Estado mexicano, desde el 2016, es decir, cuatro millones 500 mil pesos, a la fecha.

Incluso, observó que su represen­tante tampoco ha entregado las des­pensas ni los cheques proporcionados por el gobierno estatal para los gastos del albergue.

De esta manera, subrayó que las 24 familias determinaron desconocer a su representante en alguna gestión o trá­mite ante cualquier instancia guberna­mental.

E hizo un llamado al director de Conciliación para la Mejora del Sector Económico y de Infraestructura de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Bustamante Gar­cía, encargado de entregar los apo­yos a las familias desplazadas, exi­gir cuentas a Her­nández Hernán­dez.

Ante esta si­tuación, pidió a la Secretaría Gene­ral de Gobierno recibir de manera inmediata y sin intermediarios a las familias pa­ra replantear sus condiciones de desplazamiento y determinar las for­mas de reparación del daño y atención integral, conforme